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Limpieza privada vs pública. El Mundo

Reparto de publicidad institucional

Artículo interesante del periódico online 20minutos sobre el reparto de la publicidad institucional.

El enlace:

http://www.20minutos.es/noticia/1916883/0/publicidad-institucional/congreso/ley-transparencia/

Una campaña sobre violencia de género realizada en 2012 por el Ministerio de Sanidad destapó la semana pasada graves irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. En la campaña, el Ministerio que dirige Ana Mato invirtió las mayores cantidades en diarios de pequeña audiencia, como La Razón y La Gaceta, y discriminó a los diarios más leídos de España, 20minutos y El País. La publicidad institucional se regula en España por una ley de 2005 que, según la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos. AEEPP, a la que pertenecen un centenar de editores, la mayoría pequeños y medianos, ha denunciado reiteradas veces que los grandes grupos de comunicación acaparan la inmensa mayor parte de la inversión de muchos organismos públicos, en detrimento del resto del sector. Presidida por Arsenio Escolar, director de 20minutos, AEEPP ha denunciado estas prácticas ante el actual Gobierno de Rajoy y ante el anterior de Zapatero. En febrero pasado, la asociación se quejó oficialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Publicidad Institucional –la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–; creó un Observatorio para denunciar los casos más flagrantes y propuso a todos los grupos parlamentarios que la publicidad institucional se incluyera en la Ley de Transparencia. Hoy el Congreso debatirá esa propuesta, tras presentar el PSOE una enmienda que recoge la iniciativa de los editores. La ley que regula la publicidad institucional establece que «las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven» y dispone que la planificación en los distintos medios ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etc. «Las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves –afirma Escolar–, pues suponen un menoscabo de derechos ciudadanos y un mal uso de los recursos públicos, así como una práctica de competencia desleal, al descartar o infraplanificar en las campañas a unos medios y beneficiar a otros competidores directos». Los detalles de la campaña de Sanidad que ha acentuado la polémica se conocieron la semana pasada, tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Ángeles Álvarez a Sanidad. En su respuesta oficial, el Ministerio revela que no se hizo la planificación conforme a los criterios objetivos de audiencias y tiradas que pide la ley. Grupo 20minutos, uno de los más perjudicados por Sanidad, pues infrapondera al diario 20minutos –el más leído de España cuando se hizo la campaña– y excluye a 20minutos.es –el tercer sitio on line más seguido–, ha enviado una carta solicitando explicaciones a la ministra Mato. El insólito reparto de Sanidad La campaña de Sanidad no solo discriminó a los diarios impresos más leídos (ver tabla), también hubo irregularidades en el reparto de la inversión en radios y medios digitales. Así, la SER, la cadena más escuchada (4,8 millones de oyentes), recibió 11.205,81 euros, frente a los 43.784,58 de Onda Cero (2,6 millones de oyentes) y los 41.079,50 de la COPE (1,9 millones de oyentes). Lo mismo ocurrió con la prensa digital: Intereconomía (695.815 usuarios únicos) y La Razón (1,06 mill. de usuarios únicos) tuvieron la campaña, mientras 20minutos.es (4,2 millones de usuarios) no recibió ni un euro.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1916883/0/publicidad-institucional/congreso/ley-transparencia/#xtor=AD-15&xts=467263

20MINUTOS.ES. 12.09.2013 - 06:33h Una campaña sobre violencia de género realizada en 2012 por el Ministerio de Sanidad destapó la semana pasada graves irregularidades en la gestión de la publicidad institucional. En la campaña, el Ministerio que dirige Ana Mato invirtió las mayores cantidades en diarios de pequeña audiencia, como La Razón y La Gaceta, y discriminó a los diarios más leídos de España, 20minutos y El País. La publicidad institucional se regula en España por una ley de 2005 que, según la asociación más numerosa de editores de prensa, AEEPP, es incumplida de modo sistemático por ministerios, consejerías o ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos. AEEPP, a la que pertenecen un centenar de editores, la mayoría pequeños y medianos, ha denunciado reiteradas veces que los grandes grupos de comunicación acaparan la inmensa mayor parte de la inversión de muchos organismos públicos, en detrimento del resto del sector. Presidida por Arsenio Escolar, director de 20minutos, AEEPP ha denunciado estas prácticas ante el actual Gobierno de Rajoy y ante el anterior de Zapatero. En febrero pasado, la asociación se quejó oficialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de Publicidad Institucional –la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría–; creó un Observatorio para denunciar los casos más flagrantes y propuso a todos los grupos parlamentarios que la publicidad institucional se incluyera en la Ley de Transparencia. Hoy el Congreso debatirá esa propuesta, tras presentar el PSOE una enmienda que recoge la iniciativa de los editores. La ley que regula la publicidad institucional establece que «las campañas han de servir a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quienes las promueven» y dispone que la planificación en los distintos medios ha de hacerse conforme a criterios objetivos de tiradas, audiencias, población a la que se quiere llegar, etc. «Las irregularidades en la gestión de la publicidad institucional son muy graves –afirma Escolar–, pues suponen un menoscabo de derechos ciudadanos y un mal uso de los recursos públicos, así como una práctica de competencia desleal, al descartar o infraplanificar en las campañas a unos medios y beneficiar a otros competidores directos». Los detalles de la campaña de Sanidad que ha acentuado la polémica se conocieron la semana pasada, tras una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Ángeles Álvarez a Sanidad. En su respuesta oficial, el Ministerio revela que no se hizo la planificación conforme a los criterios objetivos de audiencias y tiradas que pide la ley. Grupo 20minutos, uno de los más perjudicados por Sanidad, pues infrapondera al diario 20minutos –el más leído de España cuando se hizo la campaña– y excluye a 20minutos.es –el tercer sitio on line más seguido–, ha enviado una carta solicitando explicaciones a la ministra Mato. El insólito reparto de Sanidad La campaña de Sanidad no solo discriminó a los diarios impresos más leídos (ver tabla), también hubo irregularidades en el reparto de la inversión en radios y medios digitales. Así, la SER, la cadena más escuchada (4,8 millones de oyentes), recibió 11.205,81 euros, frente a los 43.784,58 de Onda Cero (2,6 millones de oyentes) y los 41.079,50 de la COPE (1,9 millones de oyentes). Lo mismo ocurrió con la prensa digital: Intereconomía (695.815 usuarios únicos) y La Razón (1,06 mill. de usuarios únicos) tuvieron la campaña, mientras 20minutos.es (4,2 millones de usuarios) no recibió ni un euro.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1916883/0/publicidad-institucional/congreso/ley-transparencia/#xtor=AD-15&xts=467263

Grandes eventos en ciudades

Es muy habitual que se discuta sobre los posibles beneficios que puede tener para una ciudad la organización y celebración de un evento con visibilidad internacional.
El evento concreto sobre el que se discutia en esta ocasión eran los Juegos Olímpicos del año 2020, adjudicados a Tokio. Es curioso que todo el mundo al que oía comentar algo sobre los JJOO, en los días previos a la ceremonia de adjudicación, estaba convencido de que Madrid era la mejor candidatura y de que la adjudicación era más que evidente.
No quería hablar de este tema, sino de la argumentación más habitual con la que me encontraba cuando exponía mis reticencias (u oposición) a que una ciudad española organizase los JJOO. Ésta no era otra que los grandes beneficios "no tangibles" que suponía para la ciudad la organización de este tipo de eventos. Alguien dijo más o menos: "cuando Madrid organizó la visita del Papa se multiplicarón las búsquedas sobre Madrid en Internet por 100.000 veces" (el número, aunque increible, es exactamente el que se dijo).
Me quedé con la mosca detrás de la oreja. Es razonable que el número de búsquedas coincida pero, ¿en qué medida?
Para hacer una análisis superficial (no tengo tiempo ni recursos para más) nos vale Google Trends:
Este gráfico muestra la tendencia de búsqueda de las palabra "madrid" y "spain" desde enero de 2009 hasta diciembre de 2012.
Sigue aquí

Cinco grandes mentiras sobre el cine. Ignacio Escolar

http://www.eldiario.es/escolar/grandes-mentiras-cine-espanol_6_183791641.html

 

"El cine español es uno de los sectores más subvencionados que existen"

Falso. Solo una empresa, Peugeot Citroën España, recibió el año pasado 66 millones de euros en subvenciones: más que la suma de todo el cine español. Solo una organización, la patronal CEOE, disfruta al año de 400 millones en subvenciones. Y solo el PP se llevó 120 millones de euros públicos en 2011, más del doble que los cineastas. ¿Las subvenciones al cine español? En 2014, serán 50,8 millones de euros.

La cifra ha sufrido serios recortes estos últimos dos años pero, cuando Rajoy llegó al Gobierno, tampoco era muchísimo mayor: 71 millones. Es una cantidad ridícula dentro del total de subvenciones públicas en España, que mueve al año más de 3.000 millones de euros en ayudas directas a la ganadería, minería, agricultura, automóvil, eléctricas, telecos, medios de comunicación... Si añadimos las ayudas fiscales, la cifra es muchísimo mayor: solo la desgravación por vivienda cuesta al año 6.000 millones de euros. Un año de ayudas al ladrillo equivale a más de un siglo de ayudas al cine español.

"El cine está mucho más subvencionado en España que en otros países"

Falso. Los 50 millones de euros españoles contrastan con las ayudas públicas al cine de Reino Unido (120 millones), Alemania (340 millones) o Francia (770 millones). Si España destaca, es justo por lo contrario: porque las subvenciones son ridículas comparadas con el apoyo que recibe este sector en el resto de Europa. Y porque es casi el único país de la UE donde el cine paga el máximo tipo de IVA, en vez de un tipo reducido por su interés cultural.

"Las películas españolas ganan más con la subvención que con la taquilla"

Falso. En 2012 el cine español facturó 1.651 millones de euros. La subvención solo alcanza el 3% de esa cantidad. El cine también dio empleo directo a casi diez mil personas en España. Es más trabajo que el que genera la Peugeot Citroën en nuestro país.

Es casi imposible encontrar un sector económico en España que no tenga algún tipo de estímulo público, pero solo con el cine estas ayudas están en cuestión. Curiosamente, los que más critican estas subvenciones trabajan en dos de los sectores que más se benefician del dinero público: la política y los medios de comunicación. Frente al 3% del cine, el PP consiguió un 90% de sus ingresos gracias a las subvenciones sin que el ministro Montoro se le haya escuchado queja alguna. Incluso el gasto en coches oficiales -63 millones anuales- supera a las ayudas al cine español.

"El cine español está cayendo porque es de mala calidad" (Montoro dixit)

Falso. El cine está retrocediendo en todo el mundo por motivos muy distintos a su calidad: por el avance de los sistemas de home cinema, por la pujanza de las series, por internet… La calidad es un concepto relativo, muy difícil de medir. Pero si utilizamos parámetros económicos –que seguro que a Montoro le gustarán–, la realidad es que el cine español exportó en 2012 un 19,2% más que el año anterior, lo que no parece compatible con su supuesto retroceso en calidad.

"Los cineastas se quejan porque les quitan las subvenciones"

Falso. Los cineastas están que trinan porque lo que ha aprobado el Gobierno no solo es un recorte y la mayor subida del IVA de toda la economía (del 8% al 21%), sino también una expropiación. El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, no solo está rebajando las nuevas subvenciones, sino que está dejando de pagar las ayudas que aprobó y concedió el año anterior. Muchos productores solicitaron créditos a su nombre para adelantar esas ayudas y ahora, como el Gobierno no paga, el banco les exige el dinero a ellos y ejecuta los avales; muchos perderán hasta la camisa. A esto los verdaderos liberales lo llaman pasarse la seguridad jurídica por el arco del triunfo, y es algo a lo que Rajoy y sus chicos se atreven cuando hablamos de los incómodos actores del cine, pero que dudo que veamos con las eléctricas (salvo con las energías renovables).

El PP está atacando a los cineastas porque no les perdona las críticas, desde el 'No a la guerra' hasta hoy. Consideran que el dinero público es suyo; si lo recibes y no eres dócil, ya sabes lo que te puede pasar. Es una persecución política para dar ejemplo, para demostrar quién manda, para que nadie vuelva a protestar.